El ‘quita trabas’ de las grandes obras del país

Por: Leidy Hidalgo León

Investigaciones

La cuenta regresiva para aventajar un gran negocio

Hacer las cosas bien ambientalmente hacen parte del proceso y desarrollo del país. Colombia siendo potencia mundial en recursos hídricos se esta quedando sin agua, este es una señal de alerta frente a que no podemos seguir arrasando la naturaleza a favor de intereses de grandes capitales.

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El fin no justifica los medios, este ha sido el modus operandi a través del cual se vienen estudiando las leyes para acomodarlas a modelos de defraudación que buscan generar ganancias sin que ellas les condene.

Este tema de las licencias no es algo nuevo, desde la administración de Uribe se venía buscando la forma de eliminar la Consulta Previa, con el inconveniente de que es inconstitucional, que más inconstitucional puede ser que construir de manera mediocre la infraestructura que no fue planeada, ni diseñada en 13 años.

La institucionalidad ambiental colombiana fundada en la Constitución del 91, fue un ejemplo a seguir para muchos países.  En el decreto 1753 de 1994 de las licencias ambientales, se detallaban los requisitos para todas las etapas de la industria de hidrocarburos: exploración, conducción, transporte, refinación, desarrollos petroquímicos y de proyectos de minería, incluida su fase de exploración. A pesar de esto los gobiernos la han ido debilitando mediante los decretos 1728 de 2002, 1180 de 2003, 1220 de 2005 y finalmente el 2820 de 2010, que rige en la actualidad.

No obstante, el gobierno firmó el decreto que modificara el actual bajo el nombre de Licencias Express cuyo objetivo esta encaminado a hacer más eficiente y riguroso el proceso de licenciamiento ambiental manteniendo los tiempos previstos desde la anterior norma.

Una licencia ambiental por lo general se demora cerca de 24 meses en ser expedida  lo que para muchos genera demoras en el desarrollo de los proyectos. Lo primero que busca el gobierno es reducir a 3,5 meses el tiempo de expedición de las licencias y lo segundo volver el proceso oral.

Contrario a la premisa anterior un estudio de Kathleen Hurley contratado por la ANLA, el país es uno de los que menos tiempo emplea para otorgar las licencias. Es claro que la complejidad ambiental, social y diversidad de la naturaleza del territorio exige un tiempo prudente para su estudio, sin embargo reducir de seis a tres meses el trámite de las licencias, “permitiría que se decidiera de afán,  mal para los colombianos, pero muy bien para unos extranjeros y nativos muy poderosos”, menciona el Senador Jorge Robledo, quien ha debatido el tema en varias ocasiones.

Otro supuesto sobre el cual se fundamentó el decreto es la importancia de  reducir las consultas a la ciudadanía. El decreto anterior contempla la participación de las comunidades en proyectos que les afectan en materia grave sus vidas. Este por su parte espera minimizar la presencia ciudadana, la cual califica como un exceso.

No obstante, según el Ministerio de Ambiente entre 1993 y 2013, de 2.300 licencias tan solo hubo un acumulado de 60 audiencias públicas. Una cifra considerable si se esta hablando de un lapso de 20 años.

¿Quién redactó el decreto?

audienciaEl Decreto se dio a conocer a través de la pagina web en donde se publicó durante dos días con el fin de que los colombianos opinaran al respecto, un tiempo poco prudencial para enterarse de un proyecto tan importante para el país. Por otro lado, los técnicos de la ANLA tuvieron la misma posibilidad y capacidad de tiempo para dar a conocer su criterio.

En un debate adelantado por el Senador Robledo en el mes de octubre manifestó que el Ministro de medio Ambiente, Fernando Iregui, acerca de quien redacto el decretó y el le respondió que la ANLA.  Por su parte, la Autoridad en Licencias mantuvo silencio profundo.

El Senador  levantó conjeturas entorno a la participación de la firma  Brigard & Urrutia a favor de jugosos negocios que les convendrían la disminución de tiempos y condiciones para la adquisición de la licencias.

A propósito de coautores del decreto, publicó una frase pronunciada por Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales donde afirma: “Es posible que el crecimiento de la producción de Pacific Rubiales y otras compañías en Colombia en 2013 se siga viendo afectada por el ritmo en la aprobación de licencias ambientales en el país”.

Lo que probablemente prendió las alarmas en el Gobierno Nacional, para agilizar este proceso, que hoy tiene cerca de 100 mil barriles de petróleo atrapados en distintos campos del país.

Se trata de la creación de la ventanilla ‘exprés’, un mecanismo que ya se utiliza en otros países y que les permite a las empresas petroleras pagar más para acceder a la licencia ambiental de manera rápida.  Lo que permite dejar abierta la posibilidad de que el proyecto haya sido redactado por alguien con intereses económicos en el tema.

Quienes serán los más beneficiados con la implementación de este nuevo decreto para tramitar licencias ambientales. Espere respuestas en una próxima entrega.

Inconveniencias de las licencias ‘exprés’

  1. Eliminación de visitas previas y requerimiento de información adicional reemplazando la rigurosidad de un concepto técnico por una conversación informal que ampliaría la posibilidad de  que los Estudios de Impacto Ambiental fuesen mucho más deficientes. Lo oral no es equivocado pero se aumentan las posibilidades de decidir mal.

  1. Las visitas del equipo técnico de la Autoridad Ambiental al área del proyecto pasa de ser obligatoria a opcional. Lo que impide que el Estado verifique la veracidad de la información presentada.

  1. Se elimina la obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la construcción de segundas calzadas y de túneles adosados a los existentes. Esto desconoce las condiciones particulares del área donde se desarrollará el proyecto y los impactos asociados al mismo.

  1. Los Diagnósticos Ambientales de Alternativas –DAA– sirven para obligar a las empresas a presentar varias opciones de obras con el fin de que el Estado escoja la que genere menos daños ambientales. Pero con esta reforma, en los proyectos de infraestructura, los diagnósticos serán solo sobre aspectos técnicos y económicos, no  ambientales y sociales.

  1. El gobierno dio solo dos días para que la academia y la ciudadanía presentaran observaciones al proyecto de decreto. A los especialistas de la ANLA no se les consultó el decreto y se les dieron los mismos dos días para opinar sobre su texto.
  1. Las petroleras que estén explotando hidrocarburos bajo métodos convencionales y que deseen implementar métodos no convencionales, como el fracking, no deberán solicitar una nueva licencia ambiental. Solo deberán solicitar la modificación de la licencia.
  1. El decreto desconoce el derecho fundamental de las comunidades a la participación en el proceso de licenciamiento ambiental, el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional (sentencias T-294 de 2014, T-348 de 2012, y sentencias C-328  y C-593 de 1995, y C-535 de 1996).
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