De los servidores publicos y la sobretasa ambiental

Enrique Lequerica

Por: Enrique Lequerica Otero

Es bastante posible que no estemos requiriendo de grandes modificaciones constitucionales y legales para vivir en paz y mejorar la convivencia, cuando más sería necesario, una simplificación de toda la normatividad, pero haciendo notar lo que sí es indispensable: el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, muy en especial por parte de los servidores públicos. Al respecto nuestra Constitución Política reza: ARTICULO   6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

Recientemente se dio en Barranquilla una Audiencia Pública  para atender la solicitud de Concesión Portuaria, presentada a CORMAGDALENA por la Sociedad ROYAL PORT S.A., de acuerdo con el procedimiento reglamentado en el Decreto 4735 de Diciembre de 2009, la cual se cumplió siguiendo todo el protocolo usual para las mismas, sin objeciones u oposiciones de parte y con la notoria ausencia de varios funcionarios públicos, entre ellos el delegado de Parques Naturales y el delegado de la Capitanía del Puerto, incluidos para asistir por la Ley 1ª/1991. Pasados algunos días de la Audiencia, el 31 de Octubre se publica en un diario  de Barranquilla, un artículo titulado “Royal Port afectaría ribera del Magdalena: Parques Nacionales”.

Antes de revisar el contenido del artículo, vale la pena anotar que la jefe de área protegida del Vía Parque Isla Salamanca, Patricia Saldaña, reconoce en el reportaje que “En días pasados Parques Nacionales Naturales de Colombia recibió una comunicación de Cormagdalena  con la información que soporta la solicitud de concesión portuaria por parte de Royal Port S.A., la cual está siendo analizada.”, pero omite en decir, los motivos que tuvo para no asistir a la Audiencia Pública a presentar sus oposiciones, como se lo ordena la norma vigente, y debería explicarnos a sus superiores y a los ciudadanos  por qué prefiere hacer objeciones por vía mediática, lo cual no es reglamentario ni se ajusta a ninguna normatividad. Se logra confundir al ciudadano y debemos preguntarnos, ¿y las normas para quiénes son?

Ya dentro del contenido del artículo, Parques Naturales “Confirma que el proyecto portuario se ubicará en zona de amortiguamiento del Vía Parque Isla Salamanca” sin que se conozca cuales son esa zonas de amortiguamiento, mediante cual Resolución y cual Autoridad Ambiental las declaró, y sin presentar dichas oposiciones en la Audiencia Pública;  más adelante “Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó al diario aludido que el proyecto Royal Port S.A. podría generar afectaciones a la dinámica de la ribera del Magdalena que pertenece al límite del Vía Parque Isla Salamanca.”, pero sin basarse en algún estudio serio o medianamente entendible; en conclusión, solo viste con un velo de dudas la conveniencia del proyecto, sin aportar elementos técnicos valorables.

Afirma la funcionaria que “El 21 de Octubre Cormagdalena realizó la audiencia pública de solicitud de la concesión para el proyecto, a partir de esa fecha empezó a correr un plazo de 20 días para que las organizaciones interesadas presenten sus comentarios,..”, cuando la norma establece ese plazo se inicia desde el momento en que Cormagdalena les envía los documentos del proyecto para que preparen para hacer sus objeciones durante la Audiencia Pública; en conclusión, la funcionaria muestra un profundo desconocimiento de la normatividad vigente, pero a cambio muestra una firme intención de oponerse a cualquier precio.

La no asistencia a este tipo de eventos, reglamentados por Ley y sus Decretos complementarios, deberían ser motivos de sanciones disciplinarias para los funcionarios públicos que no asisten, pues por omisión se podría “colar” alguna Concesión no adecuada, como parece ha sucedido en el pasado reciente. Pero más grave que no asistir a una Audiencia Pública contemplada en la Ley, podría ser la de asumir la actitud pendenciera y amarillista que obtienen eco dentro de algunos periodistas.

Desde hace dos días, el VIPIS viene citando al Foro “Salamanca después de las llamas: desafíos ambientales, sociales e institucionales” para el cual ya han preparado el escenario de que se requieren $1.000 millones para la recuperación, según la veterana funcionaria al frente del VIPIS, quien omite decir que el Parque no tiene Plan de Manejo Ambiental, vencido desde Febrero del 2012 (inaudito!!), que el Parque sigue siendo invadido desde el 2.004 por población carente de servicios básicos y que muchas de las miles de soluciones habitacionales alrededor del Parque deben cocinar con leña, que no tienen redes de alcantarillado o pozas sépticas y que en el Parque no se ha iniciado una reforestación en muchos años, ni se adelantó un plan de recuperación por el ecocidio de los años 70 con la construcción de la Vía; el VIPIS está en crisis y requiere de una revisión completa de su política de conservación, requiere de nuevos funcionarios con verdadero espíritu de trabajo, requiere de un sólido apoyo ciudadano desde Barranquilla.

La Ley 981/2.005 estableció la Sobretasa Ambiental para ser cobrada en aquellas carreteras que atraviesen Áreas de Conservación y Protección, reservas forestales, zonas Ramsar, etc.,(solo incluidas, Barranquilla-Cartagena por la ciénaga de la Virgen y Barranquilla-Ciénaga por la ciénaga Grande y no por el VIPIS) y se recargó con un 5% sobre el valor de los peajes autorizados, pero en su sabiduría, el Ministerio de Medio Ambiente mediante Resolución 1710/2005 adjudico el cobro y manejo de estos recursos a la Autoridad Ambiental, en el Magdalena CORPAMAG, pero sin destinación específica para mitigar los múltiples daños que causa la carretera sobre el VIPIS; en Junio del 2014 y sin mayores despliegues se expidió la Ley 1718/2014 que incrementa la Sobretasa Ambiental al 8%.

¿Cuánto se ha recaudado por concepto de Sobretasa Ambiental  desde el 2.005? ¿En que se ha empleado dicha Sobretasa Ambiental? ¿Qué informes ha elaborado la Contraloría General de la Republica? Porque hasta el momento, no se conocen los grandes beneficios palpables de ese millonario impuesto, por el contrario, recientemente se presentó una mortandad de peces en la Ciénaga Grande, recientemente los habitantes de Villa Venecia protestaron por la sedimentación de los caños que comunican al rio con la Ciénega Grande, no se conocen planes para mejorar las condiciones de vida en el entorno, no se conocen planes serios para recuperar ni los cuerpos de aguas ni los manglares que lo rodean. Ojala que en el Foro se comiencen a ambientar las problemáticas enunciadas y a verse los mea culpa de los funcionarios poco exitosos que han administrado el medio ambiente regional por demasiados años, y con resultados bastante cuestionables.

La paz requiere de cumplir con los deberes y derechos otorgados por la Constitución y aprender a respetar los derechos de los demás.

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